Flash Update, 14 July 2014,, Actualización Flash 14-07-2013

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Flash Update, July 14 2013

 June of this year saw the reactivation of the Community Development Council, which was the leading community organization involved in confronting Ascendant Copper Corporation during the years 2004-2008 in the Junín area.  As then, the president is Polivio Perez, and the organization saw fit to create three vice presidencies led by different community presidents from the mining project’s area of influence (the elected representatives include the presidents of Junín, Rosal, Cerro Pelado, Chalguyacu Bajo, and La Armenia).  Several Intag organizations also participated in the election process as observers and promised to support the community organization

 One of the first actions of the CDC was to stop some five vehicles from Enami the Ecuadorian mining company that were heading to Chalguyacu Alto for a meeting to socialize the decision taken without any community input to reactivate the Junín mining project.  About 30 community members met the Enami delegates in the Chalguyacu Bajo area (which included police) and asked them to respect the decision the CDC members had taken and not go to the meeting.  The community members, which later grew to between 80 and 100, argued that the communities did not want any more divisions and social conflicts due to the presence of the company.  Interestingly enough, the company complied, but not too long afterwards ,there were reports of five police squad cars in the town Garcia Moreno.  As of this post, no one knew what they were doing in Garcia Moreno.

 We are happy to announce the reactivation of the Intag Solidarity Network, which in the struggle against Ascendant played such an important role.  There are several International Observers in the Junín-Cerro Pelado area right now under the guidance of Cedhu, the prestigious Quito-based Human Rights Organization.  The observers are there as fair witnesses to record, denounce and hopefully avoid, any possible human rights violations.

 Actualización Flash, julio 2013

 Junio ​​de este año se reactivó el Consejo de Desarrollo Comunitario de García Moreno, que fue la principal organización comunitaria involucrada en los enfrentamiento Ascendant Copper Corporation durante el año 2004-2008 en el área de Junín. Al igual que en esos tiempos, el presidente es Polibio Pérez, y la organización tuvo a bien crear tres vicepresidencias encabezadas por distintos presidentes de la comunidad de la zona de influencia del proyecto minero (los representantes electos incluyen presidentes de Junín, Rosal, Cerro Pelado, Chalguyacu Bajo, y La Armenia). Varias organizaciones de Inteñas también participaron en el proceso electoral como observadores y se comprometieron a apoyar la organización de la comunitaria.

 Una de las primeras acciones de la CDC fue de conversar con los ocupantes de unos cinco vehículos de la empresa minera ecuatoriana- Enami- que se dirigían a Chalguyacu Alto a una reunión para socializar la decisión tomada sin ningún aporte de la comunidad para reactivar el proyecto minero Junín. Cerca de 30 miembros de la comunidad se reunieron con los delegados de Enami en la zona Chalguyacu Bajo (que incluía varios policías) y les pidieron respetar la decisión que los miembros del CDC habían tomado y no ir a la reunión. Los miembros de la comunidad, que luego creció a entre 80 y 100, argumentaron que las comunidades no querían más divisiones y conflictos sociales debido a la presencia de la empresa. Curiosamente, la empresa accedió, pero no pasó mucho tiempo antes de recibir informes de la presencia de cinco patrulleros de policía en la ciudad de García Moreno. Al momento de esta actualización, nadie sabía lo que estaban haciendo en García Moreno.

Red de Solidaridad de Intag

Estamos felices de anunciar la reactivación de la Red de Solidaridad de Intag, que en la lucha contra Ascendant jugó un papel tan importante. Hay varios observadores internacionales en el área de Junín-Cerro Pelado ahora bajo la dirección de la CEDHU, la prestigiosa organización de derechos humanos con sede en Quito. Los observadores están ahí como testigos para grabar, denuncian y ojalá evitar, posibles violaciones de derechos humanos.

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